icono_camara2 Crónicas

I
Al final de la noche de ayer 24 de abril, sumaban 26 las personas fallecidas en el contexto del plan insurreccional de la oposición venezolana. Y esta mañana amanecemos con la información de un nuevo fallecimiento ocurrido en El Tocuyo, estado Lara, durante un ataque opositor ocurrido anoche contra la alcaldía de ese municipio; se trata de un joven que participaba en el ataque, fallecido presuntamente por un disparo de escopeta en la cara. La información aún es imprecisa y faltan detalles por verificar. En este caso, como en muchos más, Voluntad Popular acusa sin pruebas ni evidencias a colectivos chavistas de la muerte del joven y del ataque a la alcaldía.

II
Aunque las circunstancias de cada caso son confusas y ameritarían complejas investigaciones antes de que pueda haber algún esclarecimiento, la matriz mediática que se impone después de los sucesos es que las muertes ocurrieron a manos de grupos paramilitares financiados y sostenidos por el gobierno o a manos de los cuerpos de seguridad del Estado.

La oposición se lava las manos. Incluso, ante las imágenes de vandalismo y violencia de sus seguidores, éstas sí bastante explícitas, los opositores argumentan sin pruebas que se trata de infiltrados puestos por el gobierno para desacreditarlos.

En esta batalla de posicionamiento mediático de matrices de opinión sólo importa la velocidad de respuesta y el discurso en palabras. Y esta vez no es, como en abril de 2002, a través de la televisión, la radio o la prensa escrita, en el noticiero estelar nocturno o en la edición impresa del día siguiente a los hechos, sino en el instante mismo a través de internet y las redes sociales.

No hacen falta pruebas ni evidencias ni argumentos. Los escasos caracteres que caben en un twit son suficientes para juzgar y sentenciar sobre el fallecimiento de una persona. Con breves frases que circulan y se viralizan se decide la verdad:
“El terrorismo en el país se viste de uniforme y dice Chávez Vive”.
“Difundieron fotos de presuntos colectivos en Mérida”.
“Hace tres días en esta avenida colectivos aterrorizaron a El Paraíso”.
“Colectivos armados del gobierno no se conforman con daños causados”.
“Una de las personas asesinadas hoy 24 de abril por paramilitares del PSUV se llamaba Renzo Rodíguez”.
“Me confirma el consejal R. Valero el asesinato de 2 personas en Barinitas a manos de paramilitares del PSUV”.
“A esta hora me informan de otros dos venezolanos asesinados por grupos paramilitares en Mérida y Barinas”.

Cuando algún vocero o vocera del gobierno muestra videos o fotos que demuestran violencia o vandalismo de opositores, basta que un dirigente de oposición (Capriles, Guevara, Machado, Borges, Tintori) lo niege y descalifique para que pase a ser, sin mediación alguna, una mentira más de las que el gobierno inventa todos los días para inculpar a la oposición.

Este método, además, es usado para limpiar de culpa anticipadamente cualquier acción vandálica o asesinato ocurrido a manos de personas opositoras, tarifadas o no para ello:
“Alertamos que colectivos del gobierno que están generando violencia fueron uniformados con banderas y franelas de Primero Justicia”.
“A pesar de los actos vandálicos de grupos infiltrados, logramos culminar la jornada en paz”.
“Ya el país puede tener más que claro quién mandó a hacer esto en la Fajardo. Al Capone Cabello muestra foto de su celular”.

Todo esto es acompañado de videos o fotos con imágenes imprecisas, o extraídas de contextos confundibles, sin referencia precisa de fecha o lugar. A eso se reducen sus evidencias. Pero en realidad no hacen falta pruebas: que lo diga tal o cual dirigente lo convierte automáticamente en verdad irrefutable. Y quien golpea primero tiene la ventaja, no sólo para dar un segundo golpe sino para que estos crezcan en fuerza y capacidad de daño.

II
Mientras tanto, personas reales con una vida concreta y palpable, con familias, hijos, madres, esposas, hermanos o hermanas, fallecen, y su fallecimiento empieza a ser instrumentalizado vílmente como herramienta política.

Ayer 24 de abril, Jesús Sulbarán, de 42 años, fue asesinado por disparo de arma de fuego en el tórax mientras participaba en una manifestación gubernamental en Mérida. Según el Defensor del Pueblo, los disparos provinieron de edificios cercanos a donde se realizaba la manifestación. En los hechos hubo otras cuatro personas heridas de bala, entre ellas el delegado de la Defensoría del Pueblo del estado Mérida. En Barinas falleció Renzo Rodríguez Roda, de 54 años de edad a consecuencia de un disparo en el pecho. Allí también resultaron heridas cinco personas, entre ellas un guardia nacional y un policía estadal de Barinas.

En el Valle, la noche del 20 de abril murieron 11 personas, de las cuales ocho perecieron electrocutadas al ingresar a una panadería que estaba siendo saqueada, y los otros siete por impacto de bala. Las víctimas son Jairo Ramírez, 45 años, William Marrero (33), Robert Centeno (29), Jonathan Meneses (27), Yoigerber Barrera (25), Elio Pacheco (20), Estiverson Zamora (29), Kevin León (30), Francisco González (34), Ramón Martínez (29) y un adolescente de 17 años. En esos sucesos, otras seis personas resultaron heridas por arma de fuego, entre ellas dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dos de la Guardia Nacional Bolivariana. A estos fallecimientos se le han agregado posteriormente rumores de que son más y otros elementos que pretenden ser probatorios de responsabilidad del gobierno en las muertes.

El 21 de abril también murió por impacto de bala Melvin Guaitán, en Petare, Miranda. El Ministerio Público investiga las circunstancias del asesinato.

El pasado 19 de abril, falleció por impacto de bala Carlos José Moreno, de 17 años de edad, en San Bernardino, Caracas. Se presume que la muerte fue a manos del del hampa común, pero como en casos anteriores, la muerte fue instrumentalizada por la oposición. Este día también murió Paola Ramírez, de 23 años, tras recibir un disparo propinado por Iván Alexis Pernía Dávila, militante activo del partido Vente Venezuela, en San Cristóbal, Táchira, y el sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Niumar José San Clemente Barrios, al ser baleado mientras realizaba labores de resguardo del orden público en San Antonio de los Altos, estado Miranda.

En el estado Lara fallecieron el 11 de abril Miguel Antonio Colmenares, quien fue baleado por grupos violentos, y Bryan Principal, a quien le dispararon presumiblemente desde una ubanización privada vecina al urbanismo Ciudad Socialista Alí Primera de Barquisimeto. El dmismo día fue herido Gruseny Antonio Canelón en otro foco de violencia, y falleció dos días después.

El 10 de abril murió en Carabobo Daniel Alejandro Queliz Araca. En este hecho se presume responsabilidad de dos funiconarios policiales que ya están a las órdenes de la justicia.

El 6 de abril se supo del asesinato de Jairo Johan Ortiz Bustamante, en el sector Montaña Alta de Carrizal, capital de Miranda, y se vinculó esta muerte con la manifestación oposotora haciendo ver que la causó el gobierno. El padre de Ortiz aclaró que su hijo no se encontraba en ninguna protesta y que ni siquiera militaba para ningún partido.

III
Mención aparte merecen los recientes asesinatos a líderes y liderezas del chavismo de base, así como las amenazas de muerte que, sabemos, han comenzado a producirse sobre distintos cuadros de base del chavismo.
La situación de violencia generalizada y en peligrosa escalada, parece tener también el objetivo de minar las fuerzas chavistas, eliminando de forma selectiva cuadros en su base para infligir terror y causar desmovilización y demoralización, no sólo en la población en general, sino específicamente en las filas del chavismo.

El domingo 23 de abril Jacqueline Josefina Ortega Delgado de 48 años de edad fue asesinada en el sector El Manguito, calle Cruz de Mayo, en Santa Lucía, municipio Paz Castillo del estado Miranda. Un grupo de sujetos le asestó más de 10 disparos. Jacqueline era jefa Territorial PSUV en su sector, donde formaba parte, además, del Consejo Comunal Francisco de Miranda. Un medio privado, como parte de su estrategia de banalizar estas muertes, aseguró que se trataba de un “asesinato pasional”.

Asimismo, fue asesinado Esmin Ramírez, dirigente social y trabajador de Ferrominera del Orinoco, a consecuencia de varios disparos. Fuentes de las organizaciones sindicales del país aseguraron que se trataba de sicariato político.

Por último, también circuló este domingo la información (aunque todavía sin verificación) del fallecimiento de un motorizado que había desaparecido cuando participó en la defensa de la sede del Instituto Nacional de Nutrición cuándo éste fue atacado por opositores el pasado 11 de abril. El cadáver fue encontrado en una autopista en Caracas, es la información que circuló.

A todo esto se suman enormes daños al patrimonio público y privado, instituciones incendiadas, urbanismos asediados, centros de salud atacados, locales comerciales saqueados. En fin, se trata de una escalada de violencia que tiene un solo objetivo: generar la ingobernabilidad que la oposición necesita y que explícita y públicamente, a través de varios(as) de sus voceros(as), definió como objetivo a lograr en el corto plazo.

IV
Aunque está claro que lo más responsable antes de asumir posiciones en cuanto a la verdad de los hechos es esperar el resultado de investigaciones más profundas, también lo está la necesidad de hacer visibles algunas cosas.

Es difícil no comparar lo que ocurre actualmente con lo ocurrido el 11 de abril de 2002 y durante varios meses del año 2014. Es indudable la intención de instrumentalizar las muertes con fines políticos insurreccionales y de criminalización del gobierno y del chavismo en general. Y para esto, la oposición tiene cultivado el terreno de nuestra psique, abonado desde 1998 con la construcción del chavismo como la fuerza del país portadora del odio y la violencia: desde la promesa de ver las cabezas de los adecos fritas en pailas de aceite que le atribuyeron al discurso de Chávez desde aquellos años, pasando por los círculos del terror de 2001 y 2002, hasta llegar a los colectivos armados del chavismo y los paramilitares del PSUV, no hay más que una línea de continuidad con las que se sostiene la legitimación de su discurso criminalizador.

La gravedad de los hechos, la responsabilidad y la seriedad de los y las dirigentes(as) políticos y la consideración hacia los y las familiares de las víctimas, debería estar por delante a la hora de exigir que se aclaren los hechos y se investigue a fondo y se determinen responsabilidades.

La imperiosa necesidad de la dirigencia opositora de minar el apoyo al gobierno, construir la matriz mediática de un gobierno dictatorial asesino y terrorista y atizar el odio y fanatismo de sus seguidores, es lo único que explica que se juzgue y sentencie la verdad sobre los hechos apenas minutos de que se sabe de un fallecimiento. Por ello es coherente atribuirles responsabilidad en la provocación y ejecución de las mismas; por ello son sujetos de sospecha.

A lo cual se agrega la también imperiosa necesidad de socavar la credibilidad de la institucionalidad constitucional y democrática del Estado venezolano. La oposición necesita construir la sensación de que las instituciones no existen o existen sólo como intrumentos de opresión de un gobierno tiránico. Esto suma al objetivo de que el Estado venezolano sea percibido como un Estado fallido, incapaz de gobernar, poner orden y garantizar la paz y los derechos de los ciudadanos. Así ha ocurrido en días recientes con la Defensoría del Pueblo, que ha realizado pronunciamientos contundentes desmintiendo versiones puestas a circular por la derecha.

De allí que sea urgente la celeridad y efectividad en los procesos de investigación y esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público y los cuerpos especializados de investigación deben asumir la emergencia en razón de que de su actuación contundente y firme depende en buen grado la paz del país, en la medida en que la ausencia de pronunciamientos contundentes no contribuye a calmar el ambiente de confusión y caos.

Como ya sabemos que mucha de la construcción de la verdad se juega en el lenguaje, además de la realizacón de las investigaciones y del anuncio del inicio de éstas, es necesario dejar claro con todas sus letras la existencia de eventos que no son manifestaciones pacíficas ni protestas legítimas, de modo que pueda señalarse con peso suficiente que la mayoría de las muertes que la oposición convierte en víctimas de un régimen terrotista y partidarios suyos caídos en la lucha contra ese régimen, no son tal cosa.

Urgen llamados y presiones contundentes (con sanciones incluidas) a los medios de comunicación impresos y digitales que continúan llamando “protesta legítima” o “manisfestación pacífica” al ataque con fuego, piedras y palos a una alcaldía, o al asedio a un centro de salud, o al ataque a tiros a un urbanismo de Misión Vivienda, así como “manisfestantes” a quienes participan en estos actos. Y lo mismo debe ocurrir hacia los y las dirigentes(as) de oposición que, valiéndose de la impunidad de las redes sociales, acicatean el odio y el fanatismo legitimando la violencia al instrumentalizar a las vícitmas colocándolas a todas como víctimas de la represión y el terrorismo de Estado.

¿A quiénes y a qué objetivos favorece, entonces, el silencio y tibieza de estas instancias del poder público?

Eduardo Viloria Daboín

Share This